Colaboraciones

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tucumán


 Facultades Jurisdiccionales del Tribunal de Cuentas

 colaboración del Dra. Patricia S. Goulú

En forma previa a esta exposición, corresponde enfatizar, que no obstante la normativa que rige a las diferentes provincias en esta materia son idénticas, no tan solo respecto a las facultades y atribuciones de los Tribunales de Cuentas en general sino también con relación a los conceptos y procedimientos, corresponde enfatizar la necesidad de unificar el lenguaje técnico- jurídico utilizado en estas legislaciones. Esta falta de unificación, induce erróneamente a interpretar la existencia de diferentes alcances, conceptos y procedimientos.

La función jurisdiccional, uno de los aspectos sustanciales del control externo encomendado a los

Tribunales de Cuentas, se efectiviza a través de los Juicios de Cuentas y Responsabilidad, en virtud de lo cual analizaremos brevemente cuales son las relaciones jurídicas que sustentan ambos procesos, bienes jurídicos protegidos y diferencias que debemos considerar a fin de establecer la procedencia de uno u otro, según sean las responsabilidades a determinar.

El concepto de Jurisdicción responde a la facultad de declarar el derecho en caso de contienda. Se aplican las normas generales a los casos particulares, se declara el derecho en el caso controvertido. La Jurisdicción del Tribunal de Cuentas es aquella actividad o función de la propia Administración Pública, que tiene por objeto dirimir los conflictos de intereses que pueden surgir entre la administración activa y sus órganos, agentes públicos y cuentadantes, quienes deben rendir cuentas de sus actos.

En el ejercicio de ésta función, los Tribunales de cuentas -en general- gozan de autonomía, independencia, imparcialidad, e imponen el respeto de principios de raigambre constitucional como el debido proceso legal y el juez natural. El juzgamiento que le compete es exclusivo y excluyente y hace cosa juzgada en sede administrativa.

Las atribuciones jurisdiccionales de los Tribunales de Cuentas configuran el complemento necesario que conlleva a la realización plena del control externo. Así, en la pretensión de que el control devenga preventivo y posterior, se configura un círculo que se proyecta temporalmente durante todo el período que se desarrolla la función pública.-

Precisamente, la conexión cíclica temporal referida, entre el control posterior y el preventivo, está centrada en gran medida en que las observaciones o detección de las irregularidades cometidas por los agentes públicos, se traduzcan en el restablecimiento del patrimonio estatal y en sanciones que constriñan al agente a regularizar su conducta, una vez verificadas las faltas y determinado el perjuicio a través de un proceso instructorio que garantice el derecho de defensa al inculpado.-

Ahora bien, cuando hablamos de agentes públicos, lo hacemos en su sentido genérico y nos referimos a toda persona que realice o contribuya a que se lleven a cabo funciones esenciales y específicas del Estado, es decir fines públicos, propios del mismo, y abarca tanto a los “empleados” como ”funcionarios” de la Administración, eventualmente los terceros ajenos a la misma, pueden ser imputados de responsabilidad por los órganos de control y por ende se encuentran sometidos a las potestades jurisdiccionales de los Tribunales de Cuentas.

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